STS 510/2026 (Pleno), de 16 de julio · Ponente: D. Antonio del Moral García.
Idea principal
El Pleno del Tribunal Supremo establece que los retrasos judiciales producidos después de que el juicio haya quedado «visto para sentencia» no pueden computarse para aplicar la atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21.6 del Código Penal.
La Sala distingue así entre la vulneración del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas y la posibilidad de compensarla mediante una reducción de la pena. Como señala expresamente en su fundamento jurídico décimo:
«Existe un derecho constitucional a un proceso sin dilaciones indebidas; pero no un derecho constitucional a una atenuante siempre que se produzcan retrasos».
¿Cuál era el problema?
El procedimiento se dirigía contra una persona condenada por un delito contra la salud pública y otro de defraudación de energía eléctrica.
El Juzgado de lo Penal n.º 5 de Cádiz dictó sentencia condenatoria el 11 de agosto de 2020, pero esta no fue notificada hasta el 29 de abril de 2022, casi dos años después. Este retraso provocó que el recurso de apelación no pudiera resolverse hasta el 24 de octubre de 2023, más de tres años después de la sentencia dictada en primera instancia.
Ante esta situación, la defensa solicitó en casación la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21.6 CP, considerando que el retraso injustificado debía traducirse en una reducción de la pena. El Ministerio Fiscal apoyó expresamente esta pretensión.
La clave: el juicio visto para sentencia marca el límite de la atenuación
La Sala reconoce que el derecho consagrado en el artículo 24.2 de la Constitución puede verse afectado por retrasos producidos en cualquier fase del procedimiento, incluida la notificación de las sentencias, la resolución de los recursos e incluso determinadas actuaciones de ejecución.
Sin embargo, considera que no toda dilación constitucionalmente relevante puede dar lugar a la referida atenuante, cuyo ámbito de aplicación debe determinarse conforme a las reglas del proceso penal.
El argumento decisivo es la naturaleza revisora de los recursos. El Tribunal recuerda que la apelación y la casación deben examinar, con las excepciones legalmente previstas, la corrección del enjuiciamiento realizado a partir de los hechos y circunstancias existentes cuando se celebró el juicio.
Por ello, el Tribunal Supremo considera que los retrasos producidos después de que el juicio haya quedado visto para sentencia no pueden justificar una reducción de la pena mediante la atenuante de dilaciones indebidas.
La Sala considera que admitir lo contrario supondría incorporar al procedimiento circunstancias sobrevenidas que no pudieron formar parte del debate del juicio oral, comprometiendo el principio de contradicción y los límites propios de la revisión de sentencias.
En este sentido, el Supremo establece expresamente en su fundamento jurídico undécimo:
«[…] no es aceptable ponderar a efectos de la atenuante tiempos posteriores a la terminación del juicio».
La sentencia añade que, en estos supuestos, podrán valorarse otros mecanismos de reparación, como un eventual indulto, pero no la aplicación sobrevenida de la atenuante.
El Tribunal también toma en consideración la conducta del condenado, que no se interesó por la sentencia durante los casi dos años que tardó en notificarse. A juicio de la Sala, esta pasividad puede constituir un indicio de que el retraso no le ocasionó un perjuicio con la intensidad suficiente como para justificar la aplicación de la atenuante.
No obstante, el Pleno aclara expresamente que la aplicación de esta atenuante no exige una reclamación o protesta previa. La ausencia de esa reacción puede resultar relevante para valorar las consecuencias de la demora, pero no constituye, por sí misma, un requisito legal que impida apreciar la atenuación.
Una decisión del Pleno que no alcanzó unanimidad
La sentencia fue dictada por el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pero no contó con el respaldo unánime de sus magistrados. La decisión mayoritaria fue apoyada por doce de los catorce integrantes del Tribunal, mientras que el magistrado D. Javier Hernández García formuló un voto particular, al que se adhirió D. Andrés Martínez Arrieta.
Los magistrados discrepantes cuestionan que las dilaciones producidas después de que el juicio quede visto para sentencia deban quedar automáticamente excluidas de la atenuante. Su argumento principal se encuentra en el propio tenor literal del artículo 21.6 CP, que se refiere a la existencia de una dilación extraordinaria e indebida en la «tramitación del procedimiento», sin establecer ningún límite temporal vinculado a la finalización del juicio oral.
Además, consideran que la naturaleza revisora de los recursos no constituye un obstáculo insalvable para apreciar la atenuante durante su tramitación. A su juicio, establecer una exclusión absoluta supone restringir, mediante una interpretación jurisprudencial, el ámbito de aplicación de una circunstancia favorable al acusado que el legislador no ha limitado expresamente.
El voto particular también subraya que la prolongación injustificada del procedimiento puede producir un padecimiento adicional al condenado, alterando el equilibrio entre la gravedad de la conducta y la pena finalmente impuesta. Por ello, considera que las dilaciones extraordinarias producidas durante la tramitación de los recursos también pueden justificar una compensación mediante la atenuante.
En definitiva, los magistrados discrepantes no defienden que cualquier demora posterior al juicio deba traducirse automáticamente en una reducción de la pena, sino que rechazan cerrar por completo esa posibilidad. Entienden que debe examinarse cada supuesto atendiendo a la duración, justificación y consecuencias del retraso. En este caso, consideran que el Tribunal debería haber valorado si los casi dos años transcurridos hasta la notificación de la sentencia justificaban la atenuación solicitada.
Conclusión
La relevancia de esta sentencia radica en que no basta con acreditar una dilación indebida: también importa el momento en el que se produce. Conforme al criterio mayoritario del Pleno, los retrasos posteriores a la finalización del juicio oral no pueden fundamentar la aplicación de la atenuante del artículo 21.6 CP.
No obstante, el voto particular pone de manifiesto que esta interpretación no es compartida por todos los magistrados de la Sala Segunda, al cuestionar que pueda excluirse automáticamente la valoración de retrasos extraordinarios producidos durante la tramitación de los recursos. La resolución refleja así dos interpretaciones diferentes sobre el alcance temporal de la atenuante y los mecanismos de respuesta frente a las dilaciones judiciales.
Nuestra valoración
Aunque el criterio mayoritario responde a la necesidad de preservar los límites propios de la revisión de sentencias, consideramos que la interpretación defendida en el voto particular resulta especialmente atendible. No parece razonable que un retraso judicial de más de un año y ocho meses en la notificación de una sentencia quede automáticamente excluido de cualquier valoración a efectos de la atenuante por el mero hecho de producirse después del juicio oral. Una interpretación menos restrictiva del artículo 21.6 CP permitiría examinar las circunstancias de cada caso, sin convertir necesariamente cualquier demora en una reducción de la pena, pero evitando que las consecuencias de un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia recaigan íntegramente sobre el justiciable.
