El Tribunal Supremo aclara cuándo la sucesión de empresas puede constituir un delito contra la Seguridad Social

STS 581/2026, de 5 de octubre · Ponente: D. Antonio del Moral García.

Idea principal

El Tribunal Supremo establece que la mera sucesión de empresas y la existencia de deudas impagadas con la Seguridad Social no bastan para apreciar un delito de fraude a la Seguridad Social del artículo 307 del Código Penal.

Para que exista responsabilidad penal, resulta imprescindible acreditar un elemento adicional de fraude, consistente en la utilización de mecanismos de ocultación, engaño o artificios dirigidos a eludir el pago de las cuotas o dificultar su cobro.

¿Cuál era el problema?

El procedimiento tenía su origen en la actividad desarrollada sucesivamente por varias mercantiles vinculadas a un mismo empresario, que fueron acumulando deudas con la Seguridad Social. La última de estas sociedades, administrada por otra empresaria, había generado impagos de cuotas por importe de 43.793,36 euros en 2015 y 43.206,23 euros en 2016, superando conjuntamente el umbral de 50.000 euros previsto en el mencionado artículo 307 CP.

Aunque el Juzgado de lo Penal n.º 3 de Córdoba había absuelto a los acusados, la Audiencia Provincial revocó la absolución y los condenó como autores de un delito de fraude a la Seguridad Social a un año de prisión y multa de 87.000 euros a cada uno.

La Audiencia Provincial de Córdoba, para fundamentar la condena, consideró que la sucesión de empresas dedicadas a una idéntica actividad económica, con los mismos trabajadores y acumulando deudas con la Seguridad Social, evidenciaba una actuación defraudatoria. En particular, apreció la existencia de un ánimo de eludir el pago de las cuotas a través de la descapitalización de las empresas, irregularidades contables, la utilización indiferenciada de sociedades y la coincidencia de gestores autorizados en el Sistema RED. Sobre esta base, entendió que concurrían los elementos del delito previsto en el artículo 307 CP y revocó la absolución acordada en primera instancia.

La cuestión que debía resolver el Tribunal Supremo era, por tanto, si la continuidad de una misma actividad económica a través de distintas sociedades, unida al impago de cuotas, permitía presumir la existencia de fraude penalmente relevante.

La clave: la sucesión de empresas no implica necesariamente fraude

El Tribunal Supremo rechaza que pueda deducirse automáticamente un propósito defraudatorio de la utilización sucesiva de distintas sociedades para desarrollar una misma actividad empresarial.

La Sala reconoce que la creación de empresas ficticias, los entramados societarios destinados a ocultar a los verdaderos responsables o las sucesiones empresariales fraudulentas pueden constituir mecanismos idóneos para cometer el delito de fraude del artículo 307 CP. Sin embargo, la mera sucesión empresarial no permite apreciar automáticamente un propósito defraudatorio, siendo necesario identificar mecanismos fraudulentos dirigidos a ocultar las deudas, encubrir a sus responsables o dificultar su cobro.

En el supuesto examinado, las distintas sociedades estaban claramente vinculadas, sus deudas eran conocidas por la Seguridad Social y la sucesión había permitido incluso derivar responsabilidades solidarias entre ellas.

Además, durante los ejercicios 2015 y 2016, a los que correspondían las cuotas impagadas que fundamentaban la acusación, únicamente operaba la última de las mercantiles que se sucedieron, sin que se produjera ninguna nueva sucesión empresarial.

Por ello, el Supremo concluye que no existía un mecanismo engañoso relacionado con los impagos enjuiciados, sino un mero incumplimiento de las obligaciones de pago.

Enfoque práctico

Deber cuotas y continuar la actividad a través de otra sociedad no es, por sí solo, delito. La condena exige probar ocultación, engaño o artificios dirigidos a eludir el pago o dificultar el cobro.

¿Qué deben tener en cuenta las empresas que participan en operaciones de sucesión empresarial?

La sentencia tiene especial relevancia para las operaciones de reorganización societaria y continuidad de actividades económicas a través de diferentes entidades mercantiles.

En primer lugar, la existencia de deudas con la Seguridad Social no convierte automáticamente una operación de sucesión empresarial en una actuación delictiva, incluso cuando exista identidad de socios, administradores o actividad económica.

No obstante, las empresas deben prestar especial atención a la transparencia de estas operaciones, evitando estructuras societarias ficticias, ocultaciones patrimoniales o mecanismos destinados a impedir la identificación de los verdaderos responsables de las obligaciones pendientes.

Asimismo, debe distinguirse entre la responsabilidad administrativa por las deudas, que puede transmitirse o derivarse entre sociedades conforme a la normativa aplicable, y la responsabilidad penal, que requiere acreditar los elementos propios del referido delito de fraude a la Seguridad Social.

Conclusión

La sucesión de empresas puede llegar a ser un instrumento de fraude, pero no constituye fraude por sí misma. La responsabilidad penal exige demostrar que la estructura societaria ha sido utilizada efectivamente para ocultar las deudas, encubrir a sus responsables o dificultar fraudulentamente su cobro.

En este concreto supuesto, el Alto Tribunal descarta la existencia de fraude porque las sucesiones empresariales se produjeron con anterioridad a los ejercicios en los que se generaron las cuotas impagadas, sin que se acreditara ningún mecanismo de ocultación relacionado con dichas deudas. La mera existencia de impagos, incluso cuando superan el umbral penalmente relevante de 50.000 euros, no basta para fundamentar una condena.

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