Dos resoluciones recientes que abordan, por un lado, la obligación de devolver el dinero recibido gratuitamente de un delito, incluso cuando se desconoce su procedencia ilícita, a través de la figura del partícipe a título lucrativo y, por otro, los límites del uso de la inteligencia artificial en la Administración de Justicia: estas herramientas pueden servir de apoyo a la labor judicial, pero nunca sustituir el razonamiento y la responsabilidad de jueces y magistrados.
¿Puedes estar obligado a devolver un dinero aunque desconozcas que procede de un delito?
SAP Cádiz (Sección 8.ª) 224/2026, de 23 de julio · Ponente: D. Blas Rafael Lope Vega.
La Audiencia Provincial de Cádiz recuerda que quien recibe gratuitamente dinero procedente de un delito está obligado a devolverlo, aunque desconozca su origen ilícito.
En el caso examinado, una trabajadora cometió una estafa informática por importe de 432.204,13 euros y transfirió parte del dinero a su hija y a la pareja de esta, quienes desconocían su procedencia delictiva.
La Audiencia aplica la figura del partícipe a título lucrativo del artículo 122 del Código Penal, que permite exigir la restitución de lo recibido sin necesidad de acreditar conocimiento del delito ni participación en él. Para ello, basta con demostrar que se ha beneficiado de los efectos del delito a título gratuito, es decir, sin realizar contraprestación alguna.
Desde el punto de vista probatorio, resulta fundamental acreditar el desplazamiento patrimonial a favor del beneficiario y la procedencia delictiva de los fondos. En este caso, los extractos bancarios permitieron acreditar las transferencias realizadas, mientras que la ausencia de prueba de una contraprestación o de la devolución de las cantidades recibidas resultó determinante para apreciar la responsabilidad civil.
En consecuencia, la Audiencia condena a ambos familiares a responder civilmente, de forma solidaria con la autora del delito, hasta los límites de 7.180 euros y 13.120,94 euros, referentes a las cantidades que cada uno recibió respectivamente.
La condena como partícipe a título lucrativo no es una sanción penal ni un reproche de culpabilidad: evita que alguien conserve un beneficio obtenido gratuitamente de un delito, y se limita al importe efectivamente recibido.
¿Pueden los jueces utilizar inteligencia artificial para redactar sus sentencias?
SAN 26/2026, de 29 de junio · Ponente: D. Vicente Manuel Rouco Rodríguez.
La Audiencia Nacional recuerda que el uso de herramientas de inteligencia artificial en el ámbito judicial no está prohibido, pero debe respetar determinados límites para garantizar el ejercicio de la función jurisdiccional.
En el caso examinado, la defensa de un condenado por delitos de autoadoctrinamiento y enaltecimiento del terrorismo solicitó la anulación de la sentencia, alegando que había sido redactada mediante inteligencia artificial generativa. Para ello, solicitó conocer el código fuente, el algoritmo y las instrucciones (prompts) supuestamente utilizadas.
La Sala rechaza esta pretensión al considerar que no existía ningún indicio que acreditara el uso de inteligencia artificial en la elaboración de la resolución. No obstante, recuerda la Instrucción 2/2026 del Consejo General del Poder Judicial, que permite su utilización como herramienta auxiliar, siempre bajo control humano efectivo.
En particular, la inteligencia artificial no puede sustituir a jueces y magistrados en la valoración de los hechos y las pruebas, la interpretación y aplicación del Derecho o la adopción de decisiones judiciales. Además, la responsabilidad por las resoluciones corresponde íntegramente al órgano judicial, con independencia de las herramientas tecnológicas utilizadas.
La advertencia sobre la inteligencia artificial no se dirige solo a los abogados, sino también a los órganos judiciales: la tecnología puede apoyar la elaboración de resoluciones, pero nunca sustituir el criterio jurídico, la motivación ni la responsabilidad de quienes las dictan.
